¿A quiénes afecta la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en Chile?

Santiago, 30 de junio de 2025.

Santiago, Chile — La Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, vigente en Chile desde 2009 y recientemente fortalecida, está cambiando el panorama del cumplimiento legal en el país. Esta normativa no solo apunta a grandes corporaciones, sino que alcanza a una amplia gama de organizaciones, incluyendo pymes, fundaciones, e incluso algunas entidades públicas.

La ley establece que las personas jurídicas —es decir, organizaciones con personalidad legal— pueden ser penalmente responsables por delitos cometidos en su beneficio, como cohecho, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, delitos ambientales y otros ilícitos económicos.

En concreto, la norma aplica a empresas privadas de todo tamaño, organizaciones sin fines de lucro como fundaciones y ONG, y también a empresas del Estado. A raíz de las reformas incorporadas por la Ley N.º 21.595 de 2023, algunas disposiciones incluso se extienden a municipios y órganos públicos, especialmente en casos de corrupción y delitos económicos cometidos por funcionarios.

Según cifras de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), las denuncias por operaciones sospechosas vinculadas a personas jurídicas aumentaron en un 37% entre 2022 y 2024, lo que da cuenta del creciente escrutinio que enfrentan las organizaciones.

Frente a este escenario, las empresas y entidades están llamadas a implementar Modelos de Prevención de Delitos eficaces, que incluyan medidas como códigos de ética, canales de denuncia, auditorías internas y capacitaciones permanentes.

La ampliación del alcance de esta ley refleja un mensaje claro del Estado: ninguna institución está por sobre la ley, y prevenir el delito es ahora una responsabilidad compartida.